La igualdad de género, la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres, es una responsabilidad de todos los Estados; las convenciones, convenios, tratados e instrumentos jurídicos internacionales establecen los lineamientos para el logro de estos compromisos. Colombia ha avanzado en la normatividad y en políticas públicas, sin embargo, las acciones desarrolladas en los territorios no han logrado el cumplimiento de dichos objetivos; las mujeres siguen siendo discriminadas, violentadas y persisten situaciones estructurales, barreras institucionales e insuficiente empoderamiento de las mujeres para el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Las brechas de género más amplias tienen que ver con la autonomía económica de las mujeres, la educación, la salud, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la participación política y la violencia basada en género; situación que desde un análisis interseccional revela mayores inequidades en áreas rurales debido al modelo patriarcal.

Demográficamente según proyecciones de población del DANE para 2020, el 51,7% de quienes habitan el Departamento son mujeres, es decir, 3.449.916. Con respecto a la jefatura de hogares, para 2019 el SISBEN reportó que 47,1% están en cabeza de una mujer; en las subregiones Bajo Cauca y Valle de Aburrá la jefatura femenina fue 57,6% y 51,1% respectivamente, porcentaje cuya tendencia va en aumento a nivel nacional.

En términos de autonomía económica, la Encuesta de Calidad de Vida en Antioquia 2019 reportó que, el promedio de ingreso mensual de la población ocupada era de $931.608 para las mujeres y $1.009.410 para los hombres, representando una brecha desfavorable para ellas de $77.801. Por subregiones esta brecha es superior: Magdalena Medio presentó la mayor diferencia en el ingreso a favor de los hombres por valor de $198.435, seguido por Suroeste con $171.662, así mismo ocurre en Valle de Aburrá y Oriente, donde la brecha salarial supera los $130.000 siendo superior para los hombres y evidenciando la feminización de la pobreza.

En 2019, a nivel departamental, de cada 100 mujeres económicamente activas 14 estaban desempleadas, mientras que de cada 100 hombres ocho (8) lo estaban. Urabá presentó la brecha más alta, de cada 100 mujeres económicamente activas 24 estaban desempleadas, en comparación con seis (6) hombres en esta misma relación, situación similar acontece en la subregión Magdalena Medio, de cada 100 mujeres 20 estaban desempleadas y en el Norte de Antioquia, de cada 100 mujeres 18 presentaban la misma problemática. En todas las subregiones del Departamento la tasa de desempleo fue mayor para las mujeres, evidenciando la desigualdad laboral y económica para este sector poblacional.

Con respecto a la participación política, Colombia ha avanzado en la normatividad que promueve la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres para participar en las actividades electorales. Cada partido o movimiento político debe inscribir como mínimo un 30,0% de mujeres, sin embargo, esto no garantiza su representación en los cargos de elección popular. De acuerdo con el reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las elecciones de autoridades locales en Antioquia para el periodo 2020-2023, las mujeres lograron 12 alcaldías (9,6%) de las 125, aumentándose la brecha en 3,2% dado que en el periodo anterior 16 municipios contaban con una mujer alcaldesa; en la Asamblea Departamental se mantuvo el 7,7% con 2 diputadas de las 26 curules existentes, esto representa una brecha de 85,3%; en los concejos municipales la brecha se incrementó con respecto al periodo anterior, siendo ésta de 66,0%, con una representación de 243 concejalas de las 1.425 curules, 31 curules menos para las mujeres de Antioquia. Así, la participación política presenta una de las brechas de género más amplias en el Departamento.

En temas de salud, según la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para el 2017, la morbilidad en mujeres se asocia inicialmente a síntomas relacionados con el periodo menstrual y enfermedades como el cáncer de cuello uterino y de endometrio. Asunto que es prioritario intervenir desde la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad, con enfoques diferenciales y de género.

En relación con los derechos sexuales y derechos reproductivos, la asesoría sobre anticoncepción es demandada en un 97,0% por mujeres, evidenciando cómo esta responsabilidad recae mayoritariamente sobre ellas.

Las afecciones en salud mental también se diferencian por sexo, la primera causa de consulta por enfermedades mentales en mujeres en 2017 fue el “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” y para los hombres fue la “Perturbación de la actividad y de la atención” (SSSA-RIPS, 2017).

Respecto al embarazo en niñas menores de 14 años y adolescentes, además de ser un delito, es concebido como un problema social y de salud pública, hace parte de factores que inciden en la mortalidad materna e infantil y en el círculo de enfermedad y pobreza. Entre 2016 y 2018, los embarazos de niñas entre los 10 y 14 años en Antioquia, pasaron de 3,6 a 3,1 por cada 1.000 niñas lo que representó 107 embarazos menos para este periodo. En las adolescentes de 15 a 19 años, la tasa disminuyó de 63,4 a 56,5 por cada 1.000 adolescentes, es decir 2.040 embarazos menos (SSSA, 2018).

En 2018 en Antioquia, las mujeres registraron mayor cobertura y menor deserción en los niveles de educación básica y media que los hombres según el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT). En la educación superior el porcentaje de matrículas de pregrado y posgrado de las mujeres superaron el 50,0%, la brecha se acentúa al desagregar el posgrado: en especialización el 57,8% son mujeres, disminuyendo para maestría y doctorado con 48,4% y 39,8% respectivamente, situación que puede verse influenciada por labores del cuidado, del hogar, de hijos e hijas, u otras asociadas a barreras económicas (Ministerio de Educación Nacional, 2018).

La discriminación hacia las mujeres se manifiesta desde distintas formas de violencias basadas en género. La Policía Nacional registró en 2019 un total de 189 mujeres asesinadas en el Departamento. Las subregiones con mayor número de casos fueron Valle de Aburrá con 77 muertes, Bajo Cauca 31 y Suroeste 30. El 37,6% de estos presuntos feminicidios tuvieron como víctimas a mujeres rurales.

Sumado a lo anterior, de acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Antioquia ocupó en 2018 el segundo lugar a nivel nacional, en relación a la violencia de pareja contra las mujeres, con un total de 4.679 casos lo que representó el 11,0% del total de casos en Colombia; el primer lugar lo ocupó Bogotá con 10.451 casos contra ellas. Frente a los presuntos delitos sexuales contra las mujeres, nuevamente el Departamento ocupó el segundo lugar a nivel país, con 2.795 casos, antecedido por Bogotá con 3.514 registros. En general las violencias de género contra las mujeres en el Departamento superaron el 80,0% del total de casos reportados.

Por último, según datos 2019 de la Red Nacional de Información en el marco del conflicto armado, del total de hechos victimizantes, un 48,4% afectaron a las mujeres y el 51,6% a los hombres. Las mujeres son mayoritariamente víctimas de delitos contra la integridad y la libertad sexual (83,3%), amenazas (51,3%) y homicidios (52,9%).

Lo anterior implica un reto institucional para prevenir las violencias basadas en género, así como la garantía de la atención, acceso a la justicia y procesos de verdad, reparación y no repetición para las mujeres víctimas.